Andalucía | El TS tumba los planes andaluces que impiden edificar en zona inundable

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El Tribunal Superior los anula por la falta de un informe clave en la tramitación de la Junta de Andalucía

El Tribunal Supremo ha anulado el Plan Hidrológico y el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, que prohibían cualquier tipo de edificación en zona con riesgo de inundación.

A través de cuatro sentencias dictadas entre el 8 y el 11 de abril, el Alto Tribunal estima los recursos presentados por la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga, dos empresas afectadas y la gestora del polígono industrial del Guadalhorce, en la capital malagueña. Los empresarios pidieron la nulidad de las normas que tramitó el anterior Gobierno andaluz y aprobó definitivamente el Ejecutivo central mediante reales decretos en el año 2016. El tribunal invalida estos planes y dos órdenes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que las desarrollaban amparándose en un defecto formal en su tramitación porque faltaba un informe preceptivo y vinculante, que debió emitir el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.

La sentencia no entra en el fondo de otros argumentos más sustanciales recogidos en las demandas porque considera que la ausencia de este informe ineludible ya es motivo suficiente para declarar nulas las normas «al margen de la valoración que pudieran merecer los demás motivos». Para el abogado que representa a los demandantes, Manuel Jiménez Baras, este fallo «supone en la práctica un cambio significativo a las limitaciones de uso y régimen jurídico de las zonas inundables, especialmente en el suelo urbano, sobre el que ya no existe obligación legal de clasificarse como suelo no urbanizable o rural», un aspecto importante para los propietarios de terrenos a la hora de calcular las indeminización por una expropiación. Una vez anulado el artículo 34 del Real Decreto 11/2016, dicho régimen jurídico viene determinado por la normativa estatal básica, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que determina que «la calificación como zonas inundables no alterará la calificación jurídica y la titularidad dominical que dichos terrenos tuviesen».

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