García Rodríguez inaugura la II sesión de la jornada sobre cambio climático del Colegio de Ingenieros de Caminos

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La secretaria de Estado de Medio Ambiente pone en valor la inclusión del cambio climático en las políticas medioambientales del Gobierno

SEMA jornada cambio climatico

  • Destaca la apuesta del Gobierno por las estrategias de adaptación que, por primera vez, se han traducido en proyectos concretos con compromiso presupuestario en acciones dirigidas a los recursos hídricos, las costas y la protección de la biodiversidad
  • También trabaja en nuevas iniciativas, como el Pacto Nacional por el Agua, que prevé dar respuesta y soluciones de Estado en esta materia con el máximo consenso, y en el que el cambio climático “ocupa una posición crucial, integrado en sus cuatro ejes”, subraya
  • Avanza la próxima firma de un convenio con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para colaborar en el estudio y difusión de la acción contra el cambio climático, con acciones como la elaboración de dos guías técnicas sobre sus impactos en los recursos hídricos y el litoral

 La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García Rodríguez, ha inaugurado hoy la segunda sesión de la jornada sobre cambio climático y sus retos profesionales del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en Madrid, donde ha puesto en valor la inclusión del cambio climático en las políticas medioambientales del Gobierno de España.

La secretaria de Estado, que ha inaugurado la sesión junto al vicepresidente del Colegio, José Polimón, y el decano de su Demarcación en Madrid, Miguel Ángel Carrillo, ha señalado el cambio climático como “el mayor reto medioambiental que tiene planteado nuestra sociedad” actualmente, con múltiples interrogantes pero que apuntan a un escenario climatológico marcado por una mayor escasez de los recursos hídricos, fenómenos meteorológicos más intensos y frecuentes y una mayor temperatura global que tendrá efecto sobre los ecosistemas, sectores económicos, etc. “Y España es un país especialmente expuesto a las consecuencias del cambio climático”, ha recordado.

ACTUACIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN

De ahí que esta realidad demanda que nuestro país cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en el marco del Acuerdo de París, como está haciendo, para intentar reducir las emisiones y limitar el nivel de calentamiento.

“Pero además de trabajar en la mitigación, es necesario que se tomen acciones decisivas en materia de adaptación, que incrementen la resiliencia de nuestros ecosistemas. El actual Gobierno es el primero que ha puesto en marcha una línea concreta de financiación para las políticas de adaptación al cambio climático en nuestro país, que hemos denominado PIMA Adapta, y que pusimos en marcha por primera vez en 2015 (con 12,1 millones de euros)”, ha destacado María García Rodríguez.

Estos planes tienen como objetivo el desarrollo de una batería de actuaciones en el territorio, para  realizar un seguimiento de los impactos del cambio climático y una evaluación de las medidas para minimizarlos. “De manera complementaria,  hemos integrado por primera vez el cambio climático en todas las políticas sectoriales de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, lo que ha supuesto una inversión global de 34 millones de euros en acciones de adaptación en agua, costas y biodiversidad”, ha remarcado la secretaria de Estado.

EFECTOS EN LOS RECURSOS HÍDRICOS

Es en los recursos hídricos donde los efectos del cambio climático son más severos y más evidentes, como demuestra que el 90% de los planes nacionales de adaptación apuntan a la gestión del agua como esencial. El Gobierno, por ello, tiene como prioridad no solo proteger los ríos y cuidar la calidad de las aguas, también la incorporación del cambio climático como elemento fundamental para estimar recursos, demandas y programar actuaciones de adaptación.

“Hemos incorporado el cambio climático en la gestión del agua a través de la planificación hidrológica, en donde se refleja cómo afecta el cambio climático a los recursos hídricos”, ha señalado. Con esta orientación, los planes de segundo ciclo han incorporado el resultado de un estudio del CEDEX, de 2010, sobre el impacto que supondrá el fenómeno sobre los recursos hídricos, igual que en el próximo ciclo se incorporará los resultados del nuevo estudio realizado en 2017.

“A partir de ahí, estamos reconduciendo el resto de instrumentos a través de los cuales gestionamos las sequías y las inundaciones”, ha avanzado García Rodríguez. También desde la planificación, así como donde se realiza la programación del mantenimiento y construcción de las infraestructuras hidráulicas. Asimismo y desde 2015, en el marco del Plan PIMA-Adapta en materia de gestión del agua y domino público hidráulico, se trabaja para mejorar el conocimiento y el seguimiento de los impactos del cambio global en este ámbito, minimizando sus riesgos y aumentando la resiliencia.

PACTO NACIONAL POR EL AGUA

El Gobierno de España también impulsa nuevas iniciativas, como al Pacto Nacional por el Agua, que prevé dar respuesta y soluciones de Estado en esta materia con el máximo consenso, y en el que el cambio climático “ocupa una posición crucial”, ha subrayado la secretaria de Estado.

Este Pacto pretende dar garantía de continuidad a la política de agua “en un escenario donde, más que nunca, es importante la estabilidad y las políticas con orientación de largo plazo”, ha remarcado, y de ahí este Pacto Nacional por el Agua “integrador, participado, consensuado y solidario”, ha enumerado.

Este Plan se ha debatido “con todos los sectores” y se articula en torno a cuatro ejes de actuación, y la variable de cambio climático se integra transversalmente en todos ellos, pero de forma especialmente significativa en la atención de los déficits hídricos y en la puesta en marcha de los planes de gestión de riesgo de inundación.

Así, se contemplan las actuaciones en materia de infraestructuras que deben aumentar la garantía de satisfacción de las demandas de agua en un escenario de cambio climático. Y en el ámbito de la gestión del riesgo de inundación, el Ministerio ya está trabajando y se está comenzado el estudio para la definición de las infraestructuras estratégicas de protección frente a inundaciones, que serán asumidas en el marco del Pacto.

Además, y con el fin de analizar el estado de conservación y evaluar los niveles de seguridad de las obras de defensa ya existentes frente al cambio climático, se está realizando un inventario nacional de las infraestructuras de defensa frente a inundaciones existentes.

La secretaria de Estado ha destacado, además, la coordinación entre proyectos con objetivos ambientales y disminución de los riesgos de inundación, mediante la ejecución de obras en cauces de dominio público hidráulico para la adaptación al cambio climático. Esto incluirá actuaciones de restauración fluvial y mantenimiento de cauces (para lo que se está redactando una guía de buenas prácticas), pero también la creación de una red de seguimiento del impacto climático en las reservas naturales fluviales, “para poder valorar los impactos causados por el cambio climático en los ecosistemas hídricos y definir así las correspondientes estrategias de adaptación”.

A todo lo anterior se suma la revisión de los planes especiales de sequía, actualmente en curso, que persigue diferenciar entre las situaciones de escasez estructural (que se abordan desde el ámbito de la planificación hidrológica), y las situaciones de escasez coyuntural, que requieren medidas de prevención y mitigación.

ACTUACIONES EN LA COSTA

Además de en el agua, también la costa es objeto de especial atención para el Gobierno, por el proceso de regresión que experimentan determinados tramos del litoral y por los efectos ambientales planteados en este ámbito por el cambio climático. “Los casi 10.000 kilómetros de costa son uno de los bienes más valiosos de nuestro país. Su conservación es fundamental, tanto para el adecuado desarrollo de los ecosistemas litorales, como para garantizar un turismo de calidad, respetuoso con el medio ambiente y sostenible en el tiempo”, ha apuntado.

El Gobierno ha planteado una nueva orientación, también en materia de Costas, para definir e implantar estrategias de protección a largo plazo. Así, en 2013 ya se introdujo la variable del cambio climático en la modificación de la Ley de Costas, que incorporó un régimen específico para los tramos del litoral en peligro grave de regresión como consecuencia de este fenómeno.

Esta misma Ley introdujo la obligación de diseñar una estrategia de adaptación de la costa a los efectos del cambio climático para establecer un diagnóstico de los riesgos asociados y de las medidas que deben permitir su mitigación, así como la obligación de que todos los proyectos que se realicen en el litoral tengan en cuenta el cambio climático.

En cuanto a las estrategias de protección de la costa, suponen un importante avance en la determinación y solución de los mayores problemas de erosión que existen en los tramos afectados por la regresión. “Es la primera vez que se analizan, se priorizan los problemas y se planifican soluciones estables para nuestra costa”, ha puesto en valor María García Rodríguez.

Así, en la anterior Legislatura ya se aprobaron las estrategias de Barcelona-Maresme, Huelva, Valencia Sur y Castellón Sur y, en junio de 2017, se aprobó la de la costa de Granada. Para estos tramos de costa, el Ministerio ha empezado a redactar los proyectos constructivos de las actuaciones que contemplan estas estrategias y sus estudios ambientales. En enero de 2018 ya se ha iniciado la redacción de la Estrategia para la Protección del Mar Menor en Murcia, se iniciará este año la del Delta del Ebro y se redactarán las de Cádiz, Almería y Málaga.

COLABORACIÓN CON TODOS LOS SECTORES Y PRÓXIMO CONVENIO

La secretaria de Estado ha hecho hincapié en que, para que todas estas medidas logren sus objetivos, el Ministerio siempre ha querido contar con la implicación de todos los sectores, como con el Colegio de Ingenieros de Caminos.

En este sentido, ha adelantado que próximamente se firmará un convenio con el propio Colegio para colaborar en el estudio y difusión en la acción por el clima y la lucha contra el cambio climático, como objetivo del desarrollo sostenible, para fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales; incorporar medidas relativas al cambio climático en los planes nacionales; mejorar la educación en mitigación y adaptación; y promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión.

Entre las acciones a desarrollar cabe destacar la elaboración, edición conjunta y distribución de dos guías técnicas, una sobre los impactos del cambio climático en los recursos hídricos y sobre la planificación hidrológica, y una segunda sobre los impactos en el litoral y planificación de la adaptación en este ámbito.

 

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