Los ingenieros critican que se subaste el gran proyecto de la MetroGuagua

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Fidex ve moralmente inaceptable que el Tripartito utilice una fórmula que acaba de ser prohibida para ensanchar la Avenida

Las grandes empresas de ingeniería han rechazado la decisión del Ayuntamiento de la capital grancanaria de recurrir al procedimiento de la subasta pura y dura -en el que sólo se valora el precio más barato-, para contratar, en contra de lo que dicta la recientemente aprobada ley estatal de contratos, el proyecto que contempla el ensanche de la plataforma de la Avenida Marítima con el fin de ganarle 14.000 meros cuadrados al mar para dejar hueco al carril de la MetroGuagua, un paso subterráneo que permita al Bus Rapid Transit (BRT) cruzar la avenida por debajo y el diseño del tramo entre el Teatro Pérez Galdós y la altura del cementerio de Las Palmas. El diseño de uno de los tramos más importantes, por su alto coste, que contempla la implantación del nuevo sistema de transporte de alta capacidad se adjudicará de esta forma a la empresa que presente la oferta más barata, ya que la subasta, erradicada hace tiempo en la Unión Europea para los trabajos intelectuales, no tiene en cuenta los aspectos técnicos y de calidad del proyecto.

La empresa municipal Geursa ha optado por el procedimiento de la subasta poco después de que el Congreso de los Diputados aprobara en julio pasado la nueva Ley de Contratación del Sector Público, ratificada el pasado 27 de septiembre por el Senado, en la que se elimina esta fórmula de contratación para la redacción de proyectos, tal y como establece la normativa europea. La decisión del gobierno Tripartito ha sido duramente criticada por el Foro para la Ingeniería de Excelencia (Fidex), que agrupa a las once principales ingenierías españolas. El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, defiende la “legalidad” de la subasta. De los tres proyectos que acaba de sacar a concurso Geursa, el del ensanche de la Avenida Marítima, publicado el 16 de agosto, para ganar 15.000 metros cuadrados en un tramo de un kilómetro, fija un precio máximo de 662.745,84 euros para la redacción del proyecto y establece que la ejecución de la obra, que saldrá a concurso en otra fase, no podrá superar los 22,09 millones.

Fernando Argüello, director general de Fidex, criticó la decisión adoptada por el gobierno Tripartito, cuando está a punto de entrar en vigor la nueva ley que acaba con estas subastas. Según Argüello la utilización de las subastas en los trabajos intelectuales favorece que los diseños de los proyectos sean incompletos porque lo único que se prima es la oferta con el precio más barato y no se tiene en cuenta la calidad intelectual. “Este sistema”, recordó, “desaparece en cuanto entre en vigor la nueva ley. Hoy por hoy es legal, pero es moralmente inaceptable porque ya hay una ley aprobada que la prohibe y que sólo está pendiente de que entre en vigor” de un momento a otro. Resaltó que sólo Aena y la Comunidad de Madrid, además de otras pocas administraciones, “recurren hoy en día a la subasta. Nos ha llamado la atención que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria haya recurrido a la subasta porque no es un procedimiento que utilice normalmente en los servicios y proyectos”.

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