Licitaciones públicas sin valoraciones técnicas

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El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos hace una seria reflexión acerca de la política de contratación seguida por las diferentes administraciones

 

El comienzo de la crisis supuso, entre otras, una drástica reducción de los importes acordados en el Convenio de Carreteras firmado entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, además de una disminución progresiva en los presupuestos autonómicos en esta materia, con afección directa a Cabildos y Ayuntamientos, además del resto de empresas públicas dependientes de aquellos.

Efectivamente, antes de la recesión económica, que se inició en el año 2009, los criterios de adjudicación de obra pública y de asistencias técnicas para redacción de proyectos y direcciones de obra tenían en cuenta, además de la oferta económica, otros posibles méritos: experiencia en obras o proyectos similares, personal técnico e instalaciones, oficinas en la isla, mejoras en el contrato, etc.

Inmersos en la coyuntura descrita, las administraciones públicas variaron progresivamente los criterios de valoración para la adjudicación hasta quedar prácticamente eliminado todo criterio que no fuera el puramente económico, circunstancia que se mantiene hasta la actualidad. Para ello las sucesivas leyes de contratos del sector público disponían y disponen de tipologías de contratación “ad hoc” que han permitido que casi la totalidad de los concursos públicos se conviertan en meras subastas (efectivas o encubiertas) o simplemente se ofertan a través de procedimientos negociados sin publicidad, donde el único criterio de negociación es la oferta económica a doble o incluso triple vuelta lo que conlleva bajas económicas que rondan habitualmente el 40% sobre el presupuesto inicialmente ofertado.

El resultado estadístico arroja unas bajas económicas medias ofertadas superiores al 35% y que alcanzaron hasta el 58,90%, en algún caso concreto respecto al tipo ofertado.

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